El terrorismo de Estado en
Argentina fue un período llevado a cabo
durante la última dictadura cívico-militar autodenominada "Proceso de
Reorganización Nacional", que gobernó la Argentina entre 1976 hasta la
restauración de la democracia en 1983. Durante este tiempo la dictadura realizó
un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones,
tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la
información y demás formas de terrorismo de Estado. Se estima que durante ese
período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer
30.000 personas (aunque la lista oficial cuenta con 13.000 desaparecidos registrados).
La denominación también utilizada
de "guerra sucia" alude al carácter informal e irreglamentado del enfrentamiento
entre el poder militar (desligado de la autoridad civil), contra la misma
población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún
momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la
violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del
poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata
suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la
aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población.
No obstante, la denominación “guerra” es objetada por organizaciones políticas
y de derechos humanos, sosteniendo que se trata de un argumento esgrimido
originariamente por la dictadura militar para justificar la represión
indiscriminada. Una de las consideraciones tenidas en cuenta es la disparidad
de víctimas de ambos lados (si hubiese sido una guerra, la comparativa sería
entre 30.000 desaparecidos y 500-540 muertos de las Fuerzas Armadas), que hace
inadecuada la definición de “guerra”. Actualmente la mayoría de la
jurisprudencia argentina coincide en calificar el accionar de la dictadura
1976-83 como "genocidio".
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